El Decreto 2482 de 2012, compilado en el Decreto Único Sectorial de Función Pública, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación. El Modelo cuenta con una herramienta en línea, el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Furag, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte. Como referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: • El Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal. • Políticas de Desarrollo Administrativo: Conjunto de lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos. • Metodología: Esquema de planeación articulado que facilita la implementación de las políticas e iniciativas gubernamentales que estén orientadas a fortalecer el desempeño institucional, en procura del cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno para la prestación de un mejor servicio al ciudadano. • Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del modelo a nivel sectorial e institucional. El diligenciamiento del Furag, conforme a lo señalado en el Decreto 2482 de 2012, le corresponde únicamente a las entidades del orden nacional, informando la vigencia inmediatamente anterior. Los Fondos Ganaderos, las Electrificadoras, las entidades en proceso de liquidación, supresión o disolución, no se han incluido en la población objetivo del Modelo pero continúan con la obligación de aplicar, en lo pertinente, las políticas de desarrollo administrativo y reportar su avance en los medios que tengan establecidos. La información de los Fondos sin estructura administrativa ni planta de personal, se incluye en el informe del respectivo Ministerio o Departamento Administrativo al cual estén adscritos o vinculados. La responsabilidad del reporte es del Jefe de Planeación de cada entidad, quien debe coordinar con el comité de desarrollo administrativo el diligenciamiento total.

Es un indicador sintético de pesos preestablecidos, se alimenta de un formulario de autodiligenciamiento compuesto de una serie de preguntas agrupadas en subcategorías, que a su vez se agrupan en categorías y éstas en dimensiones, las cuales describen el cumplimiento del sujeto frente a las obligaciones de Ley; por lo tanto, estas opciones establecen el nivel de observancia de cada pregunta agregada y que constituyen la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712, diseñada por la Procuraduría General de la Nación. Según lo anterior, el cálculo del indicador se genera a partir del porcentaje de cumplimiento que resulta del autodiligenciamiento del formulario por parte de los sujetos obligados. Este indicador sintético se establece en una escala ordinal de 0 a 100 puntos, donde a mayor valor se obtenga; mayor será el nivel de cumplimiento de la Ley. Matriz de Cumplimiento: Dado que el conjunto de preguntas formuladas en la jerarquía descrita: Dimensión, Categoría y Subcategoría, conforman la Matriz de Cumplimiento, la cual es la base del sistema de información para la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, han permitido establecer tres tipos de matrices de cumplimiento de acuerdo a tres tipos de sujeto obligado así: 1. Sujetos Obligados Tradicionales: Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control (literales a) y b) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014). 2. Sujetos Obligados No Tradicionales: Toda persona natural o jurídica privada que desempeñe o preste función pública, servicio público, gestione recursos públicos o instituciones parafiscales (literales c), d) y g) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014). 3. Sujetos Obligados Partidos Políticos: Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos (literal f) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014).

La transformación digital no es un objetivo de las empresas, sean públicas o privadas, sino una necesidad debido a la fuerza y velocidad de vértigo con que la digitalización ha entrado y se ha adueñado de nuestras vidas, lo que ha hecho que muchas organizaciones no hayan sido capaces de adaptarse todavía a ella. El motivo principal y más importante que causa esta situación en las organizaciones es la carencia del conocimiento o de personal capacitado, que les permita entender cómo afrontar este cambio. «Los gobiernos y en particular las Administraciones públicas deben de ir más allá de la digitalización de los procesos y servicios existentes, para dar servicio a los ciudadanos. Además, deben aprovechar el poder de las tecnologías digitales y los datos para rediseñar y transformar fundamentalmente los modelos de negocio de la Administración, así como la relación con los ciudadanos.» David Souto. Satisfacer las crecientes demandas y expectativas de los usuarios digitales más experimentados, especialmente los ciudadanos más jóvenes, significa adoptar la tecnología para reinventar la forma en que la Administración pública interactúa con ellos, con el objetivo de ofrecer una mejor respuesta a sus necesidades. Para llevar a cabo este desarrollo, y como todo proceso de transformación, se debe empezar por las personas. El primer paso que toda organización debe de dar para afrontar cualquier cambio empieza con la formación del personal, paso imprescindible para que los trabajadores de la compañía sean capaces de gestionar en el futuro los cambios realizados. Para llevar a cabo la adaptación de los procesos al nuevo entorno digital de las grandes organizaciones públicas y privadas, resulta obligatorio para estas, apoyarse en empresas cualificadas que les ofrezcan soluciones garantizadas que minimicen los riesgos que todo cambio o implementación de tecnología lleva implícito

partir de los lineamientos de la Estrategia Transversal de Buen Gobierno las entidades deben definir acciones sectoriales acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales serán implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales, así como el Plan de Acción Anual. A través de una planeación integral se busca simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes. En su componente estratégico la planeación contempla: la misión de cada entidad, su visión, los objetivos, las metas cuatrienales, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, las entidades definen las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año, para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas. Adicionalmente, para la formulación de los planes es necesario tener en cuenta las cinco políticas de desarrollo administrativo: Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera, las cuales permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal, al igual que los resultados de la evaluación del ejercicio de planeación del período anterior. Así mismo, la Estrategia de Gobierno en Línea está inmersa en el desarrollo de estas cinco políticas y se deberá implementar como una herramienta dinamizadora en lo relacionado con el uso de los medios electrónicos y, en general, de tecnologías de información y comunicaciones, siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales registrados en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión y se adelantan través del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrados por la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, respectivamente.